14 de agosto (El País).- Andrés Manuel López Obrador ha anunciado este lunes que va a acatar la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender la distribución de los libros de la SEP en Chihuahua, después de la controversia presentada por la gobernadora Maru Campos.

El presidente lo ha aceptado como quien no tiene más remedio: “¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión aun cuando es facultad del poder ejecutivo federal la elaboración y distribución de los libros de texto. Es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua”.

En su conferencia, el mandatario ha utilizado la medida para cargar contra gobernadora panista y, de nuevo, contra el poder judicial.

La polémica de los libros gratuitos creados por la Secretaria de Educación Pública llegó la semana pasada al máximo tribunal de México. Maru Campos presentó una controversia constitucional ante la SCJN en la que señalaba posibles violaciones a los procedimientos para la aprobación de los contenidos educativos.

El ministro Luis María Aguilar admitió a trámite la controversia, lo que en la práctica significa que mientras se estudia y prepara el proyecto antes de que se someta a decisión del pleno de la Corte, la distribución de los libros tiene que suspenderse.

La gobernadora celebró el viernes la decisión: “La educación de niñas y niños está a salvo en Chihuahua. No vamos a permitir que libros con tantos errores lleguen a manos de las alumnas y los alumnos de nuestra entidad”.

Tanto la mandataria como el ministro han sido criticados esta mañana en la conferencia del presidente. “Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños en Chihuahua”, ha dicho López Obrador, “y un ministro deshonesto que ordena que no se distribuyan, buscando dejar sin libros de textos a los estudiantes”.

El presidente ha enmarcado la iniciativa de Campos en una campaña de la oposición para “manipular” a la población mexicana: “El dirigente del PAN [Marko Cortés] llegó a decir que se arrancaran las hojas. ¿Cuáles hojas van a arrancar? Tampoco los ha leído, y todo es politiquería, porque como vienen las elecciones ya están queriendo manipular. Nada más que la gente ha tomado conciencia y por eso tenemos que seguir adelante”, ha declarado.

El próximo 28 de agosto inician las clases en las escuelas y secundarias de México bajo la sombra de los nuevos libros de textos. Los contenidos educativos se han convertido en el nuevo frente de polarización en el país. Las críticas van desde que los libros se oponen al capitalismo y los empresarios o que intentan inocular el comunismo.

Los sectores más conservadores se han lanzado contra el lenguaje inclusivo y la representación de las nuevas familias que aparecen en los contenidos, como las parejas homoparentales con hijos o padres solteros.

Algunos académicos se han unido a las críticas, pero más por omisiones o errores en los contenidos. Irma Villalpando, doctora en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó a EL PAÍS a inicios de agosto que los textos cuentan con contenidos muy pobres en relación con materias como Matemáticas, errores en los conceptos, saltos en los contenidos, desorden de los materiales y la exclusión de la literatura universal.

En esta mezcolanza, los Estados dirigidos por la oposición como Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Colima o Yucatán han anunciado que retrasarán la distribución a la espera de las resoluciones judiciales que envuelven al material escolar. En respuesta, el presidente anunció que se iban a hacer conferencias de prensa los martes en la tarde para explicar los contenidos.

Además, el presidente ha utilizado esta polémica para presionar de nuevo al poder judicial. Ha hecho un “llamado a la gente para que piense en que hace falta seguir avanzando en la transformación del país y que hace falta la renovación del poder judicial”: “Lo mejor es que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, no por la cúpula de poder”, ha dicho López Obrador, que ahonda así en su última propuesta de que los altos cargos judiciales sean elegidos en una consulta popular. El presidente ha nombrado a cuatro de los actuales 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.